Daris Javier Cuevas
La figura del presupuesto del Estado, o público, implica que ha de tomarse en cuenta que se trata de un plan economico-financiero de corto plazo promovido por el gobierno, lo cual manifiesta en términos cuantitativos la política económica que se pretende ejecutar para un periodo determinado. Es así como por su naturaleza jurídica, por el contenido de la norma de derecho que formula y por subordinarse a las normas constitucionales, por tanto, el presupuesto es un acto jurídico que reviste la forma de una ley con características especiales.
Bajo el enfoque planteado se entiende que el presupuesto público establece las prioridades en que se gastará y hasta que monto se podrá gastar, pero esto no significa de modo alguno que el poder ejecutivo esté forzosado a gastar hasta los límites máximos previstos ya que de lo que se trata es de una autorización y no de una obligación. En tal virtud, en la concepción económica moderna, la elaboración del presupuesto público se ha convertido en una parte fundamental de una gestión de gobierno, que ha de garantizar la máxima transparencia y la participación del liderazgo en su aprobación final en el Congreso Nacional.
Los criterios expuestos han permitido que durante el periodo 1919-2025 en la economía dominicana se hayan hecho grandes esfuerzos para que la política presupuestaria responda a los principios de que el presupuesto sea un instrumento efectivo para promover el desarrollo economico y social. Tal objetivo se observa en 1969 con la promulgación de la Ley Núm. 531 y en la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público, fortalecida en el año 1996, con el inicio del proceso de reforma financiera del sector público, alcanzando su mayor magnificencia con la promulgación de la Ley orgánica de presupuesto No. 423-06, del 2006 y que, en enero del 2007, consolidó el marco legal de la administración financiera del Estado.
En su proceso histórico y evolutivo, el presupuesto público dominicano nunca fue sometido al congreso sustentado en nuevas figuras impositivas, sin embargo, resulta sorprendente que para el año 2021 se depositó esta pieza presupuestaria acompañada de múltiples cargas tributarias que lesionaban de manera directa el bienestar de la gente, lo cual aceleró las angustias generadas por la crisis sanitaria y económica. En efecto, el referido proyecto presupuestario contenía un monto por el orden de 1 billón 37,842.3 millones de pesos, con una tasa de crecimiento de 0.3%, al compararlo con el correspondiente del 2020, siendo el de menor crecimiento de los últimos 25 años, en ese momento.
En cumplimiento con lo que establece el numeral 2, en su literal g del artículo 128, el artículo 233 del texto constitucional dominicano y el artículo 34 de la Ley No. 423-06, el poder ejecutivo ha sometido ante el congreso nacional el presupuesto del Estado por el frio monto de RD$2,036,844.2 millones, esto es RD$2.037 billones. Una mirada detenida a estas cifras significa que en los últimos 5 años el presupuesto público se ha duplicado para el 2027, acompañado de un incremento en el gasto corriente de un 12.3% y de 3.4% del PIB como déficit, esto es, la respetable suma de RD$327 mil millones, los cuales resultan superior a lo alcanzado en el 2026, a pesar de ese incremento presupuestario el nivel de inversión exhibe la peor exhibición.
Preocupa en grado superlativo los ingresos proyectados tan solo serán de RD$1,510,574.5 millones, equivalente a un 15.7 % del PIB, generándose una desproporción abismal con el gasto proyectado de RD$1,837,856.0 millones, lo que representa un19.2 % del PIB, explicando en una alta proporción el monto del déficit que se ha estimado de RD$327,000 millones. Literalmente esta situación plantea que la proyección de 4.8 % del PIB de endeudamiento que ha divulgado el poder ejecutivo sería mucho mayor y deja abierta la potencialidad de impulsar una reforma tributaria para el primer semestre del 2027, interpretación que se desprende del hecho de que se espera un acrecentamiento de un 13.2% en el gasto del gobierno central y frecuentes emisiones de bonos soberano.
El presupuesto publico para el 2027 estará cimentado en un elevado grado de fragilidad, fruto de un entorno internacional de vulnerabilidad e incertidumbre. En adición, en el ámbito interno se observa la incidencia del incremento del endeudamiento público con alto costo, presión del sector eléctrico, espacios fiscales restringido y las presiones presupuestarias propias de un año preelectoral, lo cual crea una atmosfera de magnitud riesgosa e incierta.
Daris Javier Cuevas Nin dcuevas16@uasd.edu.do