Presidente de la República Luis Abinader Corona, la que suscribimos, en tanto la misma señala como propósitos fundamentales los siguientes:
- Atender las demandas de los servicios básicos de la población; y
- Evitar que la deuda pública continúe creciendo;
Para la consecución de estos legítimos objetivos consideramos prioritario asumir como irrenunciables, otras consideraciones que arriben a las acciones siguientes:
- Implementar una política firme, con consecuencias tangibles, que elimine la enorme evasión en las recaudaciones tributarias.
Se escuchan estimaciones que señalan que la evasión de las obligaciones tributarias alcanzar el cincuenta por ciento (50%), es decir, se pierde la mitad de lo que debiera recaudarse. Si se aplican medidas tan fuertes como demandan las circunstancias se corrige esa situación, hay ejemplos cercanos en el tiempo donde otros países lo han logrado;
- Poner en práctica un método que permita cobrar la energía servida y utilizada cuyo porcentaje alcanza cifras astronómicas.
En este renglón estratégico apenas se cobra un porcentaje limitado de la energía servida, una cantidad considerable la utilizan desaprensivos sin el pago correspondiente, por lo que es conveniente que el Gobierno revise profundamente las fallas existentes y las corrija, igualmente, lejos de los paños tibios, aplique todo el peso de la ley a quienes violan los compromisos de pago, que al decir de respetados expertos, la mayoría de esa defraudación la cometen manos de poderosos. Sin embargo, en nuestro país hay ejemplos sobrados de empresas privadas que logran cobrar toda la energía servida y sin duda alguna, también lo logran los Estados de países conocidos;
- Racionalizar el gasto público, que desde hace más de 25 años se ha venido hipertrofiando.
Más allá de las nóminas públicas donde sin duda existen bastantes alteraciones y distorsiones, consideramos que el dispendio fundamental está en los gastos superfluos de todo género que se originan en la gestión pública, a las fallas de algunos encargados de la administración de los dineros del Erario Público, y no solo por malversación, sino, por incapacidad en la gestión administrativa;
- Realizar una revisión profunda de los gastos insostenibles del Estado dominicano ocasionados por extranjeros ilegales en nuestro país.
Esos cuantiosos gastos que se dilapidan en la actualidad afectan de manera sensible a nuestra población: en servicios como educación, salud y otros muchos tan anhelados y necesitados por las y los dominicanos más carenciados, no es posible que por presiones de potencias internacionales y organismos de igual magnitud le entreguemos nuestros magros recursos a habitantes de otros países y le neguemos a los hijos del pueblo dominicano, a sus humildes hijos, el pan de la vida, el pan de la salud y el pan de la enseñanza;
- Hemos de destacar que nuestro líder histórico, el Dr. Joaquín Balaguer, dirigió la reforma fiscal más genuina y profunda que ha conocido la Nación dominicana, por lo que no desdecimos de una reforma tributaria, al contrario, ÉL nos enseñó con su práctica y sus palabras valientes y responsables: “Yo no estoy dispuesto a dejar ni un milímetro, ni una línea en mi convicción absoluta de que el país necesita corregir su economía, con austeridad, con honestidad, con valentía, con valor frente a todos los obstáculos presentes y futuros,” por lo que no tememos asumir los riesgos que nos depare el destino, seguros de que contribuimos a lo mejor para garantizar el desarrollo de nuestro Nación. Eso sí, con una distribución de sus bienes que alcance a todos, hasta el más humilde de los dominicanos.
Vale destacar que el Presidente Abinader está dando muestras de una conducta cónsona con las actitudes del Dr. Balaguer, lo demuestra en la defensa de la soberanía y en sus intenciones de encauzar la economía nacional por senderos de prosperidad.
Ahora bien, a partir de que las autoridades competentes tomen las medidas antes señaladas, podremos establecer nuestra verdadera realidad económica y nuestras indudables necesidades sociales. Conociendo ese escenario, se establecerá el necesario y justo alcance de las medidas fiscales a aplicar, siempre tomando en cuenta, ante todo, satisfacer las necesidades fundamentales de nuestra ciudadanía y garantizar el arribo a una sociedad justa y digna para todo el pueblo dominicano.
Tomando como punto de partida estas premisas nos animamos a hacer las acotaciones siguientes:
- Es evidente que el primer desafío para el Gobierno es implementar políticas que garanticen enfrentar los cuatro puntos antes señalados, no importan las drásticas consecuencias a que aboquen las circunstancias, solo así podremos salir adelante con el menor sacrificio para la ciudanía y se evita cualquier atisbo de situaciones desafortunadas.
- Respecto a la deuda del Estado y el propósito externado en la ley de modernización fiscal, somos de opinión que es plausible evitar su incremento e incluso, implementar mecanismos para saldar al menos parte de la misma.
- La ley de modernización fiscal procurará adquirir recursos que, por su cuantía, sugerimos que una parte sea destinada al pago de la deuda del Estado dominicano. Ya que solo seremos verdaderamente libres cuando cubramos su totalidad.
- El impuesto a las compras menores a US$200.00 afecta directamente a la clase media, la que necesita algún respiro. Por lo que, es para esta clase de suma importancia que las compras menores a los doscientos dólares (US$200.00) no sea gravada, ya que es la que con mayor frecuencia realiza este tipo de compras. Por lo que sugerimos que ese impuesto se aplique al excedente superior a los US$200.00.
- Vemos con simpatía la eliminación parcial del anticipo que se propone en la ley dirigido a las pequeñas y medianas empresas. Entendemos que el mismo es conveniente que abarque a todas las empresas independientemente de su dimensión. El impuesto anticipado afecta a las empresas, las contraen y las limitan en cuanto a su accionar comercial o industrial.
A la postre, el anticipo le genera al Estado menos cobranzas de tributos que cobrándolos después, al momento que corresponden conforme a la declaración de la empresa, porque con los recursos que una empresa anticipa, podría generar más dinamismo a sus actividades, realizar mayores inversiones, generar más empleos, en fin, no tiene sentido el cobro anticipado cuando este afecta el normal desenvolvimiento de la empresa y le impide expandirse y crecer, lo que se logra con la inyección permanente de recursos.
El impuesto a la propiedad inmobiliaria (IPI) si bien es necesario, no menos cierto es que debe ser dirigido a la propiedad de valor cuya cuantía la ubique por encima de una necesidad perentoria de la persona. En ese sentido, es entendible que el IPI, como en la actualidad, grave una propiedad cuyo valor supere los diez millones de pesos (RD$10,000,000.00) y sea revisable cada año de acuerdo con la inflación. El gravamen se aplicaría al margen superior a los RD$10,000,000.00.
La propuesta en la Ley de Modernización Fiscal lo reduce a un nimio valor de RD$5,025,380.25 y eso afecta la clase media y hasta la pobre, porque en la actualidad una vivienda de ese valor no es de bajo costo, sino de ínfimo costo y no digna como refiere la Constitución. Por otra parte, en el renglón de la pequeña propiedad inmobiliaria existen una serie de factores a tomar en cuenta: edad y condición económica de los propietarios, deudas pendientes del inmueble, situación legal de la tenencia (titulación), además, habría que considerar el alza por plusvalía que haya adquirido, por la que no es de justicia castigar a un propietario humilde.
- Todas las exenciones deben ser revisadas y saludamos la disposición del gobierno a tomar en cuenta ese tema en la ley de modernización fiscal, pues muchas ya han cumplido sus objetivos y les ha llegado el final de su ciclo, otras, no debieron existir por su componente distorsivo. Sin embargo, la eliminación total podría generar problemas de sostenibilidad para algunos sectores que tienen en esas exenciones sus razones de existencia y mantenimiento. Algunas inversiones en esa situación son las efectuadas en nuevos polos turísticos.
Del mismo modo, considerar las exenciones que se dirigen a beneficiar algún sector que se requiere desarrollar, que generan empleos en localidades vulnerables y que sostienen algún sector en desarrollo deben ser revisadas, pero mantenerlas aunque sea en menor proporción. En tal virtud, si bien apoyamos la revisión de las exenciones, entendemos que es saludable mantener las estrictamente necesarias.
- El pago de impuestos del 10% a honorarios para aquellas profesiones liberales y 10% de comisiones, resultan un contrasentido ampliar ese porcentaje porque desincentiva la declaración. Sería mejor bajarlo al 5% o dejarlo igual, pero buscar mecanismos para transparentar ese impuesto y que los beneficiarios sientan un compromiso con reportar sus beneficios por honorarios o comisiones y en consecuencia, se aumentaría el cobro de ese impuesto. Desde luego, es conveniente crear mecanismos ágiles para una recaudación eficaz y que la evasión sea penalizada con medidas fuertes y drásticas.
- La tributación para servicios digitales propuesta en la ley de modernización va a constituir un retroceso en cuanto al acceso de personas a la internet y los demás servicios derivados de éste o que se ofrecen por vía digital, porque los que menos puedan tendrán pocas posibilidades para costear esos servicios y eso convierte el impuesto en una discriminación inconstitucional; el mismo va a afectar la economía de la clase media que, para mantener esos servicios va a tener un enorme sacrificio y en algunos casos tendrán que limitarlos, aunque con estos sea que realicen los trabajos de sustento familiar.
Además, va a afectar negativamente la seguridad, cada cámara instalada, cada dispositivo necesita de internet y si su costo es inaccesible, los dispositivos de seguridad no podrán ser efectivos, lo mismo que los equipos de vigilancia de largo alcance.
- El sector cooperativo no debe ser gravado, este juega un papel preponderante en las economías de poblaciones carenciadas y algunas en desarrollo económico que debe mantenerse incólume. Sin embargo, su gravamen los va a estancar y en algunos casos, desaparecerán muchas cooperativas, afectando sus comunidades y actividad.
- Una situación que afecta a la familia de manera puntual y que sugerimos sea despenalizarla es: Actualmente si unos padres deciden donarle una vivienda a una hija o hijo para protegerlos, debe pagar a la renta un altísimo impuestos de 27 %, si en cambio esos padres le venden la casa solo pagan a la renta un 3% por concepto de impuestos de transferencias.
Esa incongruencia se presta a todo tipo de manipulación que incluso podría catalogarse de lavado de activo, además arriesga a su descendiente a que el inmueble con que pretende protegerlo, si está en unión matrimonial, él o la, cónyuge le corresponde ipso facto la mitad de la propiedad del inmueble.
- Por último, sugerimos que en la ley de modernización fiscal se contemple la simplificación de la estructura de los tributos, pagos simples, únicos pagos y facilidades a sectores que hasta la fecha no han sido gravados.
Reiteramos que estas medidas sugeridas sean examinadas a partir de los resultados que arrojen la aplicación de las acciones señaladas al principio de estas modestas proposiciones. Quizás resulte mucho más beneficioso al interés y bienestar del pueblo dominicano.
Con nuestras sugerencias, antes escritas, el Partido Reformista Social Cristiano, su Dirección Nacional y nuestros legisladores, rubrican las nobles intenciones del Señor Presidente de la República, Luis Abinader Corona, plasmadas en el “Proyecto de Ley de Modernización Fiscal” y que se sintetizan en:
- Atender las demandas de los servicios básicos de la población; y
- Evitar que la deuda pública continúe creciendo.
Finalmente, sugerimos escuchar el llamado a la reflexión y diálogo que levantan voces sobradamente autorizadas de nuestra sociedad, las que muestran el interés genuino de que nuestro país se enfile por caminos de progreso y bienestar seguros. Han señalado que el proyecto adolece de giros peligrosos, con insuperables riesgos que, lejos de cumplir las buenas intenciones del Presidente Abinader, nos abocarían a crisis insalvables. Entre ellos, sugerimos de manera prioritaria, el estudio del enjundioso volumen analítico de la autoría de Edgar Barnichta Geara “Reforma Fiscal 2024. Análisis EBG del Proyecto de Ley de Modernización Fiscal del Gobierno.”
Nuestro Partido Reformista Social Cristiano, heredero de la impronta histórica de nuestro líder y fundador, Dr. Joaquín Balaguer, siempre estará en la intención de servir a los mejores intereses de la Patria que nos legaran nuestro Patricio Juan Pablo Duarte, los Trinitarios y los héroes restauradores.
Quique Antún Batlle
PRESIDENTE
Willis Genao <wrgenao@hotmail.com>